El Ayuntamiento ha inspeccionado cerca de 200 viviendas desde que asumió la competencia a mediados de 2025, más de la mitad de los cuales ya se han certificado que están en regla.
El Ayuntamiento de Benidorm ha hecho efectivas las primeras sanciones a viviendas turísticas por no disponer de los títulos habilitantes para ejercer la actividad. Así se desprende de los datos trasladados por el concejal de Comercio, Javi Jordá, cuando se cumple un año desde que el Ayuntamiento asumió las competencias de inspección y sanción sobre viviendas turísticas.
Jordá ha detallado que en este tiempo “se han recibido 70 denuncias que afectaban a 196 viviendas”. De ellas, 107 contaban con el registro de Vivienda de Uso Turístico (VUT) que expide la Generalitat Valenciana, estando por tanto en regla. Respecto a las 89 viviendas restantes, 73 están en proceso de inspección y las otras 16 han sido propuestas para sanción.
Según ha ahondado, “entre esas 16 propuestas de sanción hay cuatro que ya se han hecho efectivas y que han supuesto un ingreso de algo más de 100.000 euros para las arcas municipales”. En los cuatro casos, la propuesta de sanción era de 50.001 euros, cuantía que ha quedado reducida a la mitad “por aceptación y pronto pago de los particulares o empresas infractoras”.
Las otras 12 propuestas de sanción que hay abiertas se encuentran en fase de contestación, alegación o aportación de documentación.
El edil ha remarcado que “estos expedientes llevan su tiempo de tramitación para asegurar y garantizar una correcta inspección y ofrecer todas las garantías legales a las partes implicadas, pudiendo prolongarse durante meses”. No obstante, ha subrayado que “ya estamos viendo los primeros resultados de esta labor de control e inspección”.
Operativa
Una vez se recibe en el Ayuntamiento una denuncia por parte de un particular o una comunidad de propietarios sobre la posible existencia de viviendas que operan como turísticas sin tener los títulos que habilitan para ello es la Policía Local la que se encarga de la inspección sobre el terreno, mientras que el departamento de Comercio es el responsable de la instrucción y tramitación del correspondiente expediente.
Trimestralmente el Ayuntamiento ha de informar a la Generalitat Valenciana de los resultados de esta labor control e inspección. El último informe, emitido el pasado 30 de junio, ya ha sido remitido a la autoridad autonómica, si bien en el mismo únicamente figura una de las cuatro sanciones ya ingresadas, puesto que las otras tres se han hecho efectivas en julio y, en consecuencia, se reflejarán en el siguiente trimestre.
Jordá ha recordado que “el Ayuntamiento asumió la competencia de inspección y sanción en base al Decreto Ley 9/2024, de 2 de agosto, impulsado por el gobierno de la Generalitat Valenciana y que modificaba la Ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad del Botànic”. “Esa ley primera, de PSOE y Compromís, comportó en el caso de Benidorm un incremento de viviendas de uso turístico al asimilarlas al uso residencial, impidiendo además a los Ayuntamientos el ejercicio del procedimiento sancionador y de recaudación. Así las cosas, no fue hasta la modificación impulsada por la Generalitat gobernada por el Partido Popular, que se abrió la posibilidad a que las administraciones locales también asumieran la potestad de recaudar las posibles sanciones, incrementando además así sus recursos e ingresos”.
